Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Los títulos preliminar, I y III de esta ley entran en vigor el 10 de diciembre de 2014, y el título II lo hizo el 11 de diciembre de 2013.
